Persecución, hallazgo y destierro
Los que perseveramos, luego de una vertiginosa persecución por carretera, dimos alcance al autobús casi dos horas después frente a la entrada de El Encanto, un hotel enclavado entre cerros en el municipio de Berriozábal.
En ese lugar, Juana García Palomares pretendía encerrar a los liberados para llevarlos al día siguiente a un "diálogo" en el Palacio de Gobierno que ella había gestionado (sabrá ella a cambio de qué), según explicó a los indignados abogados que, por fin, pudieron hablar con sus representados.
¿El argumento? que la liberación de los indígenas acusados por la matanza había generado tal molestia entre los familiares de las víctimas que no era posible permitirles regresar a Chenalhó, no obstante que la Corte declaró ilícitas las pruebas con que los procesaron y sentenciaron. No obstante toda la evidencia de que la mayoría de los procesados no participó en el crimen.
Ante el cansancio y el desconcierto de los indígenas, muchos de los cuales siguen sin hablar español, los abogados optaron por dejarlos descansar y acompañarlos tres horas después, a las nueve de la mañana del jueves, las pláticas con el gobierno estatal.
La jornada del jueves fue igual de larga. No vale la pena reseñar aquí el monólogo, que no diálogo, con Noé Castañón, secretario de Gobierno, quien recurrió a todas las argucias posibles para obligar a los liberados a no regresar a Chenalhó, y de paso, ni siquiera ir a San Cristóbal de las Casas, donde sus familiares los aguardaban hacía horas.
Presionó, prometió, intimidó, volvió a presionar y finalmente, arrinconó a los liberados, y obtuvo lo que su jefe el gobernador le había ordenado: el acuerdo de no retorno y de reubicación en un punto alejado de Chenalhó. Es decir, el destierro.
No entiendo cómo alguien como Juan Sabines puede burlar el cumplimiento de la ley, pasarse por el arco del triunfo las disposiciones de la Corte sobre el derecho al debido proceso y burlar, precisamente, una de las garantías que lo definen, la del acceso a la defensa. Todo en nombre de una supuesta cultura de la paz.
¿Cuál paz? ¿la suya? ¿la de su familia? o la de los grupos y los intereses que protege por encima de sus obligaciones con los chiapanecos, primero, y con todos los mexicanos después.
Pero además, tampoco entiendo que algo así ocurra sin que nadie proteste: ni la Corte, ni el presidente Felipe Calderón, quien el mismo día en que se daba cuenta de lo ocurrido con los liberados se limitó a pronunciarse porque nunca más se dé otro Acteal.
Señor presidente: los Acteal, los Aguas Blancas, los ABC y los "Casitas del Sur" seguirán ocurriendo mientras en este país no se respete la ley, simple y llanamente; mientras alguien con un poco de poder pueda secuestrar impunemente a un grupo de hombres libres, injustamente procesados y encarcelados, y decirles "son libres, pero no para regresar a su casa".
La impunidad seguirá perpetuándose mientras no se haga justicia a las 45 víctimas de la matanza de Acteal y a tantas otras que siguen esperando; mientras no se castigue a los verdaderos culpables y mientras el cumplimiento de la ley siga negociándose para servir a los intereses de unos cuantos.
Los que perseveramos, luego de una vertiginosa persecución por carretera, dimos alcance al autobús casi dos horas después frente a la entrada de El Encanto, un hotel enclavado entre cerros en el municipio de Berriozábal.
En ese lugar, Juana García Palomares pretendía encerrar a los liberados para llevarlos al día siguiente a un "diálogo" en el Palacio de Gobierno que ella había gestionado (sabrá ella a cambio de qué), según explicó a los indignados abogados que, por fin, pudieron hablar con sus representados.
¿El argumento? que la liberación de los indígenas acusados por la matanza había generado tal molestia entre los familiares de las víctimas que no era posible permitirles regresar a Chenalhó, no obstante que la Corte declaró ilícitas las pruebas con que los procesaron y sentenciaron. No obstante toda la evidencia de que la mayoría de los procesados no participó en el crimen.
Ante el cansancio y el desconcierto de los indígenas, muchos de los cuales siguen sin hablar español, los abogados optaron por dejarlos descansar y acompañarlos tres horas después, a las nueve de la mañana del jueves, las pláticas con el gobierno estatal.
La jornada del jueves fue igual de larga. No vale la pena reseñar aquí el monólogo, que no diálogo, con Noé Castañón, secretario de Gobierno, quien recurrió a todas las argucias posibles para obligar a los liberados a no regresar a Chenalhó, y de paso, ni siquiera ir a San Cristóbal de las Casas, donde sus familiares los aguardaban hacía horas.
Presionó, prometió, intimidó, volvió a presionar y finalmente, arrinconó a los liberados, y obtuvo lo que su jefe el gobernador le había ordenado: el acuerdo de no retorno y de reubicación en un punto alejado de Chenalhó. Es decir, el destierro.
No entiendo cómo alguien como Juan Sabines puede burlar el cumplimiento de la ley, pasarse por el arco del triunfo las disposiciones de la Corte sobre el derecho al debido proceso y burlar, precisamente, una de las garantías que lo definen, la del acceso a la defensa. Todo en nombre de una supuesta cultura de la paz.
¿Cuál paz? ¿la suya? ¿la de su familia? o la de los grupos y los intereses que protege por encima de sus obligaciones con los chiapanecos, primero, y con todos los mexicanos después.
Pero además, tampoco entiendo que algo así ocurra sin que nadie proteste: ni la Corte, ni el presidente Felipe Calderón, quien el mismo día en que se daba cuenta de lo ocurrido con los liberados se limitó a pronunciarse porque nunca más se dé otro Acteal.
Señor presidente: los Acteal, los Aguas Blancas, los ABC y los "Casitas del Sur" seguirán ocurriendo mientras en este país no se respete la ley, simple y llanamente; mientras alguien con un poco de poder pueda secuestrar impunemente a un grupo de hombres libres, injustamente procesados y encarcelados, y decirles "son libres, pero no para regresar a su casa".
La impunidad seguirá perpetuándose mientras no se haga justicia a las 45 víctimas de la matanza de Acteal y a tantas otras que siguen esperando; mientras no se castigue a los verdaderos culpables y mientras el cumplimiento de la ley siga negociándose para servir a los intereses de unos cuantos.
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