Conforme pasan los días, el caso de los 72 indocumentados masacrados en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, genera preguntas que nadie responde, da paso a más dudas que certezas, y se hunde, vertiginosamente, en el pantano de impunidad que ahoga al país.
Las extorsiones, secuestros, y otras violaciones a los derechos humanos de los indocumentados centro y sudamericanos que cruzan el país para llegar a Estados Unidos, son historias de horror que el gobierno mexicano ha ignorado por décadas, pese al incremento registrado y documentado por organizaciones civiles en los últimos cuatro años, los mismos que lleva esta administración.
La masacre de San Fernando es una escalada en esa violencia que sufren silenciosamente los migrantes indocumentados. Pero también, al mismo tiempo, es un testimonio de la incapacidad del Estado mexicano en varios aspectos: primero, para manejar de manera transparente y con la seriedad debida la investigación de un hecho delictivo; segundo, para proteger a las víctimas y, tercero, para perseguir y sancionar a los responsables.
Hace unas horas nos enteramos que otros tres presuntos autores de la matanza están muertos. La "primicia" la dio el presidente Felipe Calderón en una entrevista radiofónica plagada de inexactitudes. Violando la secrecía de la averguación previa que su propia administración ha defendido de los reclamos de transparencia, anunció que los supuestos responsables habían muerto y dio a entender que fueron abatidos en un enfrentamiento con las autoridades.
Horas más tarde, Alejandro Poiré, vocero del gabinete de seguridad, informó que personal de la Secretaría de Marina los encontró muertos en una carretera de Tamaulipas, tras recibir una llamada anónima procedente, se presume, de algún grupo del crimen organizado. Según la evidencia, los autores de la llamada realizaron una investigación expedita, (como en teoría deben ser las indagatorias de las autoridades mexicanas) ubicaron a los culpables, los sometieron a un juicio sumario y les impusieron la muerte como castigo.
Con los cuerpos de los tres hombres se encontraron los de dos mujeres que, al parecer y a decir de las autoridades mexicanas, no tienen relación con la matanza, que fue perpetrada, según el propio Calderón, por "los Zetas" ¿Cómo se llegó a esas conclusiones? ¿Acaso el misterioso colaborador telefónico exculpó a las mujeres y presentó pruebas de que los muertos pertenecen a esa organización? ¿Fue una célula que actuó por su cuenta y su muerte un castigo a la insubordinación? ¿Fue un grupo rival el que los mató y entregó?
Según el funcionario, los cuerpos, encontrados el 30 de agosto, fueron reconocidos por uno de los sobrevivientes de la matanza. Si recordamos el testimonio del primer sobreviviente, los indocumentados fueron interceptados de noche por el grupo que los secuestró. Todos permanecieron con los ojos vendados y maniatados.
Aun así, el testigo pudo reconocer a los tres hombres de la misma forma en que reconoció, junto con el otro sobreviviente, a los tres presuntos asesinos muertos en el enfrentamiento con la Marina el 23 de agosto, día en que se descubrió la masacre. ¿En qué momento pudieron ver a sus plagiarios? ¿por cuánto tiempo como para que su identificación no deje lugar a dudas?
Nada de eso parece importar al gobierno federal. Lo único que importa es que la matanza se aclaró: fueron "los Zetas" y seis de los asesinos están muertos. No importa si la ubicación y muerte de los tres últimos se debe a una maniobra del crimen organizado y no a las investigaciones de las autoridades. El único detenido, un mexicano del que inicialmente se informó que era menor de edad, fue arraigado gracias a que una providencial certificación médica permitió establecer que tiene, al menos, 18 años. No cabe duda que la ciencia forense avanza a pasos agigantados.
Además de las preguntas ya formuladas, existen otras que no fueron respondidas en los días posteriores a la matanza: ¿cómo pudo el primer testigo, con una herida de bala en la garganta, caminar 22 kilómetros hasta el puesto de control de la Marina donde finalmente fue ayudado? ¿por qué no se protegió su identidad para evitar futuras represalias? ¿por qué se ocultó que eran 76 y no 74 los indocumentados que viajaban con él? ¿qué pasó con los otros tres sobrevivientes?
Las autoridades mexicanas nos deben respuestas. Unas respuestas que seguramente nunca llegarán.
