Hoy fue uno de esos días negros en que una mala noticia se convierte al pasar los minutos y las horas en una catástrofe.
Comenzamos la mañana con la noticia del hallazgo de 72 personas asesinadas en un rancho de Tamaulipas. 72! y nada pasó. ¿Hemos perdido la capacidad de indignación y de asombro? ¿Desde cuándo el horror se nos convirtió en algo cotidiano?
Con el paso de las horas se confirmó que los asesinados eran indocumentados de Ecuador, El Salvador, Honduras y Brasil. El gobierno, paralizado, no atinaba con la explicación, que es una sola y muy simple: México entero es rehén del horror y la impunidad y, por si eso no bastara, la delincuencia organizada que nos tiene sometidos se ensañó ahora con un grupo de personas inocentes, que dejaron atrás patria, familia y amigos, en busca de mejores condiciones de vida.
Sus sueños quedaron truncados por la violencia en una tierra que ni siquiera es la suya, en una tierra que era paso obligado para luchar por sus aspiraciones; en una tierra, México, que se nos está deshaciendo entre las manos por la necedad de un gobierno que se niega a entender que la batalla contra la delincuencia no se libra solo con balas, policías y soldados, sino con oportunidades de crecimiento y desarrollo.
Lo que hace crecer la delincuencia, lo que le entrega a los grupos delictivos espacios de impunidad (municipios y estados enteros) para hacer y deshacer a su antojo es la falta de empleo, de salarios dignos, de espacios de recreación, de acceso ala educación y a la salud, en fin, la falta de opciones.
Si no es así, ¿cómo nos explicamos que la masacre haya ocurrido en las inmediaciones de una caseta de la Secretaría de Marina? ¿Cómo puede un grupo criminal, organizado o no, operar a sus anchas, secuestrar a 72 personas y ejecutarlas con la mayor crueldad sin temor a ser sorprendidos?
Solo cabe una explicación y es alarmante: el Estado mexicano ha perdido el control de grandes extensiones del territorio nacional frente al crimen organizado, pero también ante la delincuencia común. Porque si bien es cierto que la violencia asociada al tráfico de drogas ha ido creciendo mes con mes y año con año en esta administración, también lo es que en la misma medida han aumentado, sin control alguno, los delitos que golpean al ciudadano común: el robo a transeúntes, el de vehículos y a casa habitación.
Las historias sobre asaltos y robos de vehículos que antes nos llegaban de tercera o cuarta mano ahora se en encuentran, cada vez con más frecuencia, en nuestro primer círculo: los agraviados son nuestros amigos y familiares, o nosotros mismos.
Al cúmulo de preocupaciones cotidianas se suma ahora la obligación de extremar precauciones para cuidar de nuestra persona, de nuestros seres queridos y de nuestros bienes, porque el Estado ha dejado de cumplir su función primordial, esa que le da su razón de ser: la de garantizar la seguridad de los ciudadanos.
¿Y vamos a seguir cruzados de brazos? ¿hasta dónde tiene que llegar el baño de sangre? ¿qué más debe pasar en este país para el presidente reconozca lo fallido de su estrategia y replantee la forma de enfrentar al crimen organizado y a la delincuencia común? ¿tendrá que obligarlo la comunidad internacional? ¿qué consecuencias tendrá la masacre de esas 72 personas inocentes? ¿Podrá el gobierno de Felipe Calderón seguir diciendo que son daños colaterales en una guerra que se está ganando? ¿Con qué argumentos?
Esto no puede continuar. El horror y la impunidad no pueden seguir escalando indefinidamente. Calderón debe reconocer que el Estado ha sido rebasado, como lo advirtió hace unos meses un especialista en seguridad, y solicitar la intervención de la ONU mediante una comisión de expertos que asesore al gobierno para enfrentar el problema , porque de no tomarse acciones urgentes la comunidad internacional nos volverá la espalda, con justa razón, y México se encontrará aislado, abandonado a su suerte y, entonces sí, completamente a merced del crimen.