Justicia coja... larga crónica de un viaje ¿al pasado? I

Realmente no entiendo a este país.

No me puedo explicar cómo puede un cacique mediocre pasar por encima de una resolución histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y burlar, con la mano en la cintura, una orden de libertad inmediata emitida por el máximo tribunal del país.

Hace unos días celebraba yo la decisión de la Corte (todavía no confirmada entonces) de liberar a los indígenas acusados por la matanza de otros indígenas en Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997. La Corte había descubierto, con casi 12 años de retraso, que la Procuraduría General de la República (PGR) falsificó pruebas y testigos para presentarlos como los culpables.

Y qué mejor culpable que un grupo de indígenas que no hablaban español en esa época, que no entendían las tortuosidades de nuestro sistema de justicia (bueno, si a veces ni los mejores abogados las entienden, imagínense ellos). Total, nadie protestaría y con una "investigación" al mejor estilo de la PGR se acallarían un poco las voces que aquí y en el plano internacional exigían justicia.

Pues bien. El miércoles, la Corte reparó -aunque un poco tarde- la injusticia cometida, y no a todos los afectados: sólo a 20 de ellos, a quienes el máximo tribunal órdenó dejar en libertad inmediata a las 15:00 horas. Los otros 59 deberán esperar una resolución similar en los próximos meses, puesto que nuestra expedita justicia no es tan expedita.

Pero dejando de lado ese inconveniente, el fallo de la Corte fue impecable: en uno de los puntos centrales, la resolución definió y prohibió las pruebas ilícitas, que, para desgracia de los mexicanos, son las únicas que sabe obtener la PGR.

Con ese fallo bajo el brazo se fueron los abogados a Chiapas, dispuestos a ser los primeros en felicitar a sus representados. Pero he aquí que no contaban con el ilustre (sólo de apellido, aclaro) gobernador Juan Sabines, que al parecer no entiende el significado del término libertad absoluta.

Cuatro horas de trayecto del Distrito Federal hasta el penal de El Amate, en Cintalapa, fueron suficientes para retroceder en el tiempo, para viajar al pasado, a la prehistoria del sistema de justicia.

Justo en el momento en que se dio el fallo de la Corte, el director del penal, un siniestro personaje de nombre Luis Eduardo de León Castillejos, siguiendo instrucciones del gobernador, comenzó a armar la estrategia que impediría a los liberados regresar a sus comunidades en el municipio de Chenalhó, al que pertenece Acteal.

Para ello se sirvió de Juana García Palomares, una mujer a la que conocen todos los implicados en el caso Acteal; una de esas lideresas que se presta para todo si hay algún beneficio de por medio, y le permitió entrar al penal a las tres de la tarde, con un autobús que se estacionó en la salida del área de sentenciados, mientras el transporte de los abogados tuvo que permanecer afuera del penal.

Con la complicidad de actuarios federales y la anuencia del director, la mujer (que no es abogada) suplantó a los defensores acreditados de los liberados y los "asistió" en la diligencia de notificación, al filo de la medianoche, mientras el creativo encargado del penal negaba el acceso de los abogados, con inagotables excusas.

Pasadas las tres de la mañana, el autobús autorizado por el director salió del penal con los indígenas liberados a bordo, sin que éstos hubieran visto a sus abogados. no faltaron, desde luego, las tácticas para engañar a la prensa, que había esperado todo el día la salida: dos camionetas con vidrios polarizados distrajeron al grupo más numeroso de comunicadores y los llevaron a dar vueltas alrededor del penal.

Para los que se quedaron y para una parte del grupo de abogados que seguía sin entrar, el creativo funcionario envió otro autobús, igual, salvo en el número, a aquel en que salieron los excarcelados. (Continuará.....)