¿Por qué es importante el debido proceso?

En estos días convulsos, de noticias malas y peores, nos enteramos de que un 

Tribunal Colegiado ordenó crear una comisión de la verdad sobre el Caso Ayotzinapa, para reponer la investigación que realizó la Procuraduría General de la República (PGR) acerca de la desaparición y supuesta matanza de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Isidro  Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero.

De acuerdo con la nota publicada en el portal  Animal Político, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas, encontraron "indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura".

La Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (tal fue el nombre que le dieron), debe crearse por las graves violaciones a los derechos humanos como tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, que se cometieron en contra de los coacusados, resolvió el Tribunal, que además ordenó  reponer el procedimiento y que el Ministerio Público presente dictámenes de peritos independientes que cumplan con el Protocolo de Estambul, una herramienta para investigar y documentar casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

La resolución ha generado polémica: de inmediato se alzaron voces críticas para alertar sobre el riesgo de que los acusados por la supuesta matanza queden en libertad al comprobarse las violaciones graves a sus derechos humanos, relacionadas, principalmente, con el derecho al debido proceso, es decir, el derecho a que se les considere inocentes hasta que un juez decida sobre su responsabilidad, el que se les detenga con orden judicial, se les informe de las acusaciones en su contra, que no se les obligue a confesar, que puedan contar con la asistencia de un abogado y que puedan ofrecer pruebas para desvirtuar las acusaciones.

Pero, ¿por qué debe importarnos el debido proceso? ¿de verdad los acusados de un crimen tan terrible tienen derechos? y, si los tienen, ¿por qué deben respetarse cuando ellos, presuntamente, no respetaron la libertad, la integridad física y la vida de los estudiantes? ¿no es una forma de hacer justicia el golpearlos, torturarlos, obligarlos a confesar, exhibirlos como asesinos y condenarlos en el tribunal de la opinión pública? ¿liberarlos no es una nueva ofensa para las víctimas?

Pues sí, aún los acusados de los crímenes más terribles tienen derechos, al igual que todas las personas, por el solo hecho de serlo. Y esos derechos no son negociables ni están a discusión. Es decir, no se pueden reconocer a unas personas sí y a otras no bajo ningún pretexto, incluido el de violar la ley. 

En el caso del debido proceso, la obligación de respetarlo y garantizarlo nos protege a todos de ser detenidos, torturados, acusados y juzgados injustamente, porque fija las reglas para contar con juicios en los que se castigue a los responsables del delito y se haga justicia a las víctimas. Esas reglas deben aplicarse a todos por igual, y eso es lo que hacen o tratan de hacer los jueces y magistrados.

Cuando un acusado por un delito, particularmente si es grave, sale en libertad porque se violó su derecho al debido proceso, surgen voces, entre ellas las de las autoridades que vulneraron ese derecho (policías y fiscalías), acusando a los jueces de "proteger delincuentes" y de generar impunidad. Con el mismo argumento se cuestiona a las organizaciones defensoras de derechos humanos.

El hecho de que alguien cometa un delito no justifica que se violen sus derechos, a pesar de lo que opinen quienes se pronuncian por una especie de justicia de "ojo por ojo y diente por diente",  un deseo de venganza que no es compatible con un Estado de derecho, regulado por la Constitución y las leyes.

La impunidad nos enoja a todos, pero la culpa de que un crimen quede sin castigo no es de los tribunales y los jueces, sino de las autoridades encargadas de perseguir el delito que no hacen bien su trabajo y, como no saben investigar, prefieren obtener confesiones a golpes o mediante la tortura; no saben resguardar las pruebas o contaminan la evidencia. 

Son esos errores y esa negligencia los que no podemos ni debemos disculpar. La impunidad terminará o se reducirá cuando los fiscales y agentes investigadores paguen el costo por violar derechos no solo al perder los casos, sino siendo sancionados por no hacer bien su trabajo. Entonces, las víctimas de los delitos podrán lograr la justicia que les corresponde.