El ejército, otra vez

Ayer nos despertamos de nuevo con malas noticias. Se nos está haciendo costumbre.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó la información que comenzó a circular desde el domingo por la noche: personal militar disparó en contra de civiles en el municipio de Escobedo, Nuevo León. En el ataque murieron un menor de 15 años y su padre. Otros cinco integrantes de la familia De León Castellanos fueron lesionados.

Según la Sedena, el ataque se debió a que el conductor del vehículo en que viajaba la familia ignoró un retén militar. Los sobrevivientes lo niegan. Aseguran, en cambio, que se trataba de un convoy de soldados circulando en dirección contraria y que nunca les marcaron el alto. Yo les creo a los civiles, y no por llevar la contra: son ya demasiados incidentes, demasiadas muertes absurdas, inútiles; demasiadas familias enlutadas por una guerra cuya lógica ¿? sigo sin entender.

Estas dos muertes ponen de nuevo en la mesa el debate sobre la pertinencia de mantener al ejército en funciones de seguridad pública. Especialistas, organizaciones civiles, particulares víctimas de los abusos militares, piden el regreso de los soldados a los cuarteles. Las fuerzas armadas no deben realizar funciones de seguridad pública porque no están preparadas para ello.

La función del ejército en un Estado que se dice democrático, como el mexicano, es la defensa de la soberanía nacional. Sus integrantes no están adiestrados para contener, como las policías, sino para someter e incluso aniquilar al enemigo. Esa concepción no la cambian ni los compromisos de los altos mandos militares ni todos los cursos sobre derechos humanos que, como asegura el procurador de Justicia Militar, recibe de manera permanente el personal castrense.

Lo más grave es que las fuerzas armadas no tengan siquiera protocolos para informar y proteger a la sociedad civil que, supuestamente, es el objetivo de su incorporación a las tareas de seguridad pública. Sin ellos, continuarán las bajas civiles, y el ejército saldrá de esta batalla desgastado y desacreditado.

De continuar los abusos castrenses, el prestigio y la confianza que lograron reconstruir tras el negro episodio del 2 de octubre en Tlatelolco, se irá diluyendo con muertes como las de Vicente de León y su hijo que, diga lo que diga Felipe Calderón, no son daños colaterales: son asesinatos producto del descuido, de la improvisación y el empecinamiento de un gobierno que privilegia las armas, los policías y los soldados a una política social incluyente, que combata la pobreza y brinde opciones de desarrollo a los millones de desempleados y marginados que constituyen el ejército de reserva de las organizaciones delictivas.